Javier Calderón
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó el informe de la Tercera Fase de Evaluación a México sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Esta semana la OCDE, hizo público el documento aprobado por los 34 Estados miembros del organismo, así como por Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE destaca que México ha cumplido con la convención y reconoce el compromiso de la SFP para alertar al sector privado sobre su responsabilidad en la prevención y combate a este delito en transacciones comerciales.
La dependencia asegura que la importancia de la iniciativa de ley anticorrupción sobre contrataciones públicas que, de aprobarse, dará más atribuciones a la SFP para investigar y sancionar actos de corrupción y, de manera particular, de cohecho internacional.
El informe también reconoce los esfuerzos del gobierno federal en la lucha contra el lavado de dinero como parte de las medidas anticorrupción.
La defensa del informe oral de México ante el pleno del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE se llevó a cabo en París del 11 al 14 de octubre pasado.
El grupo formuló recomendaciones a fin de fortalecer la armonización de la legislación nacional con los compromisos establecidos en la convención, entre ellas: impulsar las iniciativas de ley pendientes de aprobar para reforzar el combate a la corrupción. Indica que la OCDE recomendó promulgar leyes para proteger a denunciantes de actos de corrupción en los sectores público y privado, y establecer en el marco jurídico la obligación de auditores externos para denunciar delitos detectados durante las auditorías, garantizándoles protección ante posibles represalias.
La defensa del informe oral contó con la participación de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de la Función Pública, así como de la Procuraduría General de la República.
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