Lino Javier Calderón
La Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, expresó ante diputados federales que se requieren disposiciones legales que permitan la creación de un modelo de atención integral para los extranjeros que son víctimas del delito de Trata de Personas, que garantice su libre acceso a la justicia, independientemente de su situación migratoria.
Al participar en el foro "Hacia Una Legislación Integral en Materia de Trata de Personas y Delitos Relacionados", efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Romero Castillo mencionó que como forma de prevención del delito de trata y de reinserción social, el INM trabaja en tres esferas de competencia permitidas por sus atribuciones, tales como: la prevención del delito, la asistencia migratoria y, en su caso, la coadyuvancia para que se lleven a cabo los procedimientos legales tendientes a la identificación y, de ser requerido, el castigo de quienes incurren en dicho crimen.
Por esa razón, el Instituto ha puesto en práctica la regularización de estancia de los extranjeros, debido a la gran vulnerabilidad que tienen muchos de ellos por la falta de documentos, además de otorgar la opción de una repatriación voluntaria y protegida a su lugar de origen o bien hacia otro país.
Asimismo, el INM ha aplicado procedimientos específicos en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y ha creado la figura de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), quienes los auxilian y acompañan de regreso hasta su lugar de origen, para brindarles protección y salvaguardia. También, se ha emitido una circular para la regularización de la situación migratoria de testigos y víctimas del delito.
En su participación en la mesa de trabajo sobre Competencias, Facultades y Atribuciones de Autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Comisionada expresó que el combate al delito de trata de personas es un tema de atención transversal que involucra a los tres niveles de gobierno y que requiere de la participación de la sociedad civil, esfuerzo en el que las instituciones: "Estamos obligadas a realizar un trabajo coordinado, congruente y coherente, encaminado a generar un sistema de derechos que se traduzca en la derrota de la transgresión y el cumplimiento de la legalidad".
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