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lunes, 15 de junio de 2009

(TECNOCOM) Demanda Iusacell a Gerardo Sánchez Henkel jefe de la Unidad Jurídica de la SCT

MEXICO.-Iusacell, por conducto de sus abogados, representados por el Lic. Salvador Rocha, presentó el día de hoy, una denuncia penal en contra de Gerardo Sánchez Henkel, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por haber hecho falsas declaraciones dañando la imagen de la empresa.

La denuncia fue presentada ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. Con la conducta del funcionario podría darse el supuesto de un delito previsto en la Ley del Mercado de Valores y con ello el Ministerio Público deberá iniciar las investigaciones y diligencias previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales por haber revelado información falsa de Grupo Iusacell.

También fue presentada una Queja Administrativa ante la Secretaría de la Función Pública, donde se solicita se sancione al funcionario público por incumplimiento e irresponsabilidad de su conducta, al haber dado información falsa en diferentes medios, en violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, Iusacell presentará una Demanda Civil donde se reclama la reparación del daño moral. Ésta se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y será turnada a un juez en materia civil, por la afectación a la imagen y los derechos de Grupo Iusacell, toda vez que la conducta del funcionario público resulta una conducta ilícita en términos del Código Civil para el Distrito Federal.

Antecedentes.

El Lic. Gerardo Sánchez Henkel Gómez Tagle, responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló públicamente ante diversos medios de comunicación una “supuesta” colusión de un grupo de abogados a su cargo, con Grupo Iusacell con el objetivo de beneficiar a esta empresa, con la presentación de recursos y escritos dentro de diversos juicios administrativos, que fueron iniciados por Iusacell ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal), en contra de actos realizados por la SCT relacionados con procesos de licitación de frecuencias de espectro.


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